6/8/15

Son ilegales las declaraciones de “Ciudad Antitaurina” en España

Foto: tauromaquia.org

* La cultura, no se proscribe ni se prohíbe

* A qué esperan los poderes públicos para actuar de oficio y llevar a los alcaldes y concejales autores de semejante disparate ante la justicia

* ¿Por qué oculto interés se permite tal insensatez? ¿Está alguien incurriendo en dejación de funciones?

* ¡Es hora de empezar a imputarlos!

por: Taurmaquia.org - 06 de Agosto de 2015

Recientemente, el ayuntamiento de Palma de Mallorca ha declarado a su ciudad anti taurina. ¿Alguien se imagina declarar a cualquiera de las ciudades o pueblos de España localidad anti-pictórica, anti-literaria, anti-musical, anti-teatral o anti-cultural?. Sin duda, resultaría insólito porque la cultura pertenece a los pueblos que la recrean.

Pero no sólo se trata de un acto incongruente, es que además este comportamiento de los integrantes del ayuntamiento de Palma de Mallorca es completamente ilegal y expone a los miembros de la corporación, autores de semejante disparate, a tener que dar la cara ante la justicia por actuar manifiestamente en contra de la Constitución y de la ley.

La Constitución Española establece el marco del estado de derecho en el que nuestra sociedad se desenvuelve. Su artículo 46 nos señala que el patrimonio cultural debe ser conservado y enriquecido y que la ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio.

La ley 18/2013, de 12 de noviembre que regula la Tauromaquia como patrimonio cultural, establece que ésta debe ser objeto de protección, conservación y enriquecimiento, conforme a los establecido en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales sobre la materia.

Entonces, ¿por qué una corporación municipal actúa impunemente en contra de parte de nuestro patrimonio cultural? Y, ¿por qué oculto interés se le permite?

Los alcaldes y concejales que despliegan esta insensata conducta pueden estar incursos en el delito de prevaricación por actuar de manera consciente en contra de la Constitución y las leyes, de manera sistemática, discriminatoria y por motivos políticos. Vale decir, podrían ser imputados.

¿A qué esperan los poderes públicos para hacer cumplir las leyes; cómo es que no se ha actuado de oficio contra quienes cometen este expolio contra nuestro patrimonio; quién tiene la responsabilidad de actuar en defensa de nuestro patrimonio cultural? Está alguien incurriendo en dejación de funciones?


La Junta Directiva

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