11/2/15

Gobernadores de Táchira, Mérida y Carabobo acusados de estar "ligadas al negocio taurino"

Las declaraciones de dirigente en Valencia corroboran el desprecio a la minoría taurina y la ignorancia de que existen aficionados a la Fiesta. Foto: Plaza de toros de San Cristóbal llena hasta las banderas - foto: blog venezueladeferia

por: César Omaña
Director de venezuelataurina.com

De nuevo los dirigentes de organizaciones animalistas en Venezuela, se dan a la tarea de difundir afirmaciones sin respaldo o soporte objetivo y comprobable, para atacar la tauromaquia a quienes las han dejad en sus regiones; todo ello gracias a la chispa que encendiera el pasado sábado el Defensor del Pueblo quien luego de dos tuits anunciando un supuesto trabajo en proyecto de ley contra las corridas de toros, ha encontrado una caja de resonancia en estos grupos abiertamente opuestos a las corridas.

No obstante, otros analistas han calificado estas afirmaciones antitaurinas del funcionario público como una bola de humo para distraerse del tema màs complicado que debe afrontar cuando se acusa la existencia de tortura a detenidos en un lugar que bautizaron como "La tumba" por los duros hechos que supuestamente allì se suceden y esta dependencia se hace de la vista gorda.

En Valencia, el Diario Notitarde ha dado cabida al grupo en una nota informativa "Asoguau y Red Animalista apoyan propuesta para abolir corridas de toros" del 10-02-2015, desde donde se extraen algunas de las declaraciones de la presidenta de apellido Castillo.

Expresiones de la presidente de la organizaciòn animalista en Carabobo al Diario Notitarde, remarcan la falta de un estudio científico que respalde argumentos como este:
"Castillo aseguró que esta decisión (la de crear el proyecto de Ley que prohíba las corridas de toros) busca proteger a la sociedad en general y sobre todo a las nuevas generaciones de ese culto a la violencia.
De allí que la Presidenta de Asoguau añadió que todo venezolano con capacidad de pensar y sentir debe apoyar la elaboración del anteproyecto de ley.
Estas acciones se corresponden con las funciones de la Defensoría, en tanto procuran limitar la difusión de la violencia y la crueldad como valores en la sociedad y procuran superar actividades anacrónicas, donde se tortura hasta la muerte a un animal indefenso y se hace de eso un motivo de celebración, agregó."


Invocando un supuesto estudio de opiniòn, del cual no diò ningùn detalle, la ignorancia de la existencia de aficionados taurinos, sorprendentemente ha llevado a este dirigente animalista, a difundir la premisa de que quienes rechacen la prohibiciòn de las corridas, es porque tienen "intereses económicos":

"Afirmó que el 72% de la población del municipio Valencia rechaza la fiesta brava, según estudios de
Castillo vaticina que los únicos que rechazarán la iniciativa del Defensor del Pueblo son quienes tienen intereses económicos en el sangriento negocio taurino , que representan una ínfima minoría apegada a estas costumbres violentas completamente ajenas al movimiento cultural de los nuevos tiempos."


Ademàs, puede verse cómo desconoce el derecho de las minorías cuando se refiere a que "representan una ínfima minoría".  


La guinda de las injuriosas declaraciones, las da al cierre de la nota, metiendo en un saco a los gobernadores de Táchira, Mérida y Carabobo, regiones que han demostrado reconocer la tradición cultural taurina de sus pueblos y que por mandato de la constitución deben apoyar:

"Algunas gobernaciones ligadas al negocio taurino, como San Cristóbal, Mérida y Carabobo, seguramente se enfilarán contra la posibilidad de que nuestra sociedad evolucione, si esa evolución implica tocar sus mezquinos intereses. Como es sabido, en estas gobernaciones se ha apoyado la tortura en las corridas de toros, invirtiendo para ello miles de millones de dólares, que nuestro pueblo tanto necesita en renglones como alimentación y salud, manifestó."

Se puede seguir esperando, màs de estas desafortunadas declaraciones que les publican a los detractores e ignorantes del rito taurino; clara demostración de que se encuentran activados para aupar la inconstitucionalidad ideada por el Defensor del Pueblo cuando es conocido que corresponde a los municipios la potestad de regular los festejos taurinos.



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